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La Guardia Civil precisa mejorar la Ley de Personal del Cuerpo con objeto de adaptarla al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), regulando así la carrera profesional de sus miembros y en especial de los oficiales. Una reforma que, para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) debe surgir del consenso entre todas las asociaciones representativas del Cuerpo, del recién nacido Consejo de la Guardia Civil, con el objetivo de conseguir una Guardia Civil más democrática, eficiente y moderna inspirados en los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
“Que ellos hagan las leyes, nosotros haremos los reglamentos” es un aforismo del siglo XIX, atribuido a Cánovas o a Romanones según los autores, con el que se expresaba el poco respeto existente hacia el principio de legalidad y la tensión dialéctica entre la capacidad normativa del legislador y de la Administración. En vida de Cánovas se fundaba la Guardia Civil y hoy, casi 165 años después, parece que la Subdirección General de Personal, y, por ende, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil quieren volver aquel aforismo, lapidando y denostando con normas de rango inferior Leyes Orgánicas, como la de Derechos y Deberes.
Actualmente el desorden en temas de gestión de personal es mayúsculo, para muestra en el Cuerpo existen actualmente 4 escalas de oficiales. La Escala de Oficiales, precisa una dilatada experiencia profesional en el Cuerpo, donde obligatoriamente han ejercido como suboficiales y guardias. Las Escalas Facultativas precisan título universitario para su acceso, donde prácticamente todos han sido suboficiales, guardias o cabos previamente. Y una cuarta, la Escala Superior de Oficiales precisa el título de Bachillerato/COU, pero su rasgo más distintivo es su gran cercanía a la mentalidad del Ejército de Tierra, ya que en su Academia General de Zaragoza han de cursar sus miembros 2 años de formación en la milicia. Hasta el momento esta última escala ha preponderado en cuestiones de ascensos, mando y retribuciones, las normas tienen su inspiración y han dilapidado la posibilidad de que alguien fuera de su escala pueda alcanzar altos empleos en la Institución.
En efecto, es preciso una integración de escalas por imperativo legal y por sentido común. La razón y la sensatez aconsejan que la preparación y la cualificación que proporciona la experiencia fueran factores determinantes a la hora de unificar las escalas de oficiales. Sin embargo, hasta el momento lo que viene primando es el camino predestinado de la escala procedente de las academias del ejército, cuyo mayor activo es la solidez en su formación en las técnicas de la milicia. Sin duda una integración de ese calado -en la que el mayor carácter militar de una de las escalas prevaleciera en detrimento de condiciones objetivas como la preparación policial, la formación científico-técnica, la experiencia o la profesionalidad en el Cuerpo- es inadmisible. Y lo se empieza a respirar de forma densa y calentorra, es que por si en el proceso de integración de escalas no acaba preponderando esa visión heredada de una escala superior sobre las otras escalas de oficiales, se están buscando fórmulas canovistas, es decir, disposiciones reglamentarias que permitan sortear la futura Ley mediante reglamentos preventivos.
En los últimos meses se viene constatando una gran preocupación desde las altas instancias de generales, que se está manifestando en nuevos reglamentos que relegan, al menos transitoriamente, al resto de las escalas. Se trata de una reacción ante el “peligroso” supuesto de que llegase a realizarse una integración de las escalas de oficiales del Cuerpo basada en criterios objetivos y objetivables. De esa forma ha aparecido la Orden sobre la Organización de la Jefatura de la Policía Judicial, por la que más que ordenar, desordena, y como muestra está el hecho de que el mando de los laboratorios de Policía Judicial no recaerá en el oficial de mayor competencia científico-técnica, sino en el candidato designado a dirigirlo sólo porque pertenezca a la escala superior (podríamos pensar cínicamente que en un laboratorio de biología es innecesario saber biología, pero lo que sugiere la Orden General de Policía Judicial es que sí debe ser experto en si el obús ha de ir en el 1er o 2º cuadrante), situación anormal que la Comisión de Oficiales de AUGC ha denunciado internamente y sin remedio ha llevado a los tribunales, y que recientemente se va empezando a ver una cordura positiva de los altos responsables del Ministerio del Interior. Algo parecido se ha producido con la reserva para los miembros de la escala superior de los destinos en las Misiones Diplomáticas Permanentes en España. Otro caso el cierre del acceso a cursos de formación a oficiales de determinadas escalas y a otras sí; variaciones en los complementos retributivos según de la escala de origen realizando funciones idénticas o similares en su trabajo. Ejemplos de este tipo se dan en la Guardia Civil a diario. La Comisión de Oficiales de AUGC constata que un sistema como la Guardia Civil sin unos cauces democráticos mínimos deriva en la quiebra, cuando la cabeza de una Institución como la nuestra no está bien ordenada el Cuerpo nunca andará derecho. Para ello necesitamos mejorar de arriba a abajo y en esta revisión crítica de los que adoramos esta profesión, ciudadanos guardias civiles, se enriquece la sociedad entera, gracias al saludable hacer de las asociaciones profesionales.
Sin embargo, la resistencia al cambio, 30 años después de aprobar la Constitución, persiste en algunos y todo ello nos devuelve al principio: con el fin de que nada cambie es preciso realizar un sinfín de reformas, pero eso sí, desde el reglamento, no mediante la Ley. Semejante situación nos conduce a la sempiterna pregunta, tan al uso en la transición: ¿es la Guardia Civil un estado dentro del Estado? ¿Cuánto durará esto? Si la dialéctica entre poder legislativo y administración se resuelve a través del reglamento, favorecedor de intereses espurios con los que la Ley no puede transigir, habría que dilucidar la cuestión. Y esto es intolerable. Mientras el Gobierno dialoga con los sindicatos policiales, con desacuerdos y acuerdos, la Administración sigue considerando a los guardias civiles funcionarios de segunda clases, cerrando los ojos y los oídos a nuestras propuestas de mejora, a nuestra alta responsabilidad de participar en las cuestiones de los guardias civiles, de promover las inquietudes de quienes a pie de calle prestan servicio a los ciudadanos. AUGC, asociación mayoritaria con 28.000 afiliados integradora y con vocación de servicio a todos los empleos y especialidades de la Guardia Civil.
La Comisión de Oficiales de AUGC plantea una serie de reivindicaciones, objetivas, capaces de sentar las bases de un moderno, democrático y eficaz cuerpo policial del siglo XXI en el que la mayoría de los españoles les gustaría ver convertida a la Guardia Civil. Estas reivindicaciones pueden sintetizarse en una integración de todas las escalas, especializas y no especializadas, de oficiales en una nueva escala única donde los oficiales sean escalafonados en función de su antigüedad en la escala, ponderándose asimismo la experiencia profesional, de la que se alimenta la formación dentro del Cuerpo, al pasar por las distintas academias policiales, y preparación policial, científica y técnica. Se aboga también por la desaparición inmediata del empleo de alférez, cuya instauración fue una institucionalización de la discriminación entre escalas, solución de otras décadas donde la simple simpatía por movimientos asociacionistas era duramente perseguida y las decisiones se hacía sin contar con los trabajadores vestidos de verde.
Desde la Comisión de Oficiales lo tenemos muy claro: queremos una Institución Policial eficiente, moderno y democrático, valores que deben inspirar todas las organizaciones y en la Guardia Civil lleva muchos años de retraso.
No obstante, la integración de los oficiales, tema polémico en donde los haya, y cualquier otra cuestión de régimen de personal no puede venir más que del diálogo entre las recién legalizadas asociaciones profesionales del Cuerpo y el Gobierno. Las elecciones al Consejo, órgano nuevo que representa a los intereses de los trabajadores y de la Administración, está llamado a centrar las cosas. ¿Quien teme que se respire democracia cuanto antes en esta Institución? Es una grave irresponsabilidad política no avanzar de forma decidida en el desarrollo normativo que marca la ley en perjuicio, una vez mas, del colectivo de guardias civiles que anhelan tener un ámbito de negociación económica, social y profesional. Desde la Comisión de Oficiales de AUGC exigimos nuestros derechos: la modernidad obliga cambios. Mientras el Gobierno se sienta ausente en nuestras justas reivindicaciones, el vacío lo ocupará aforismos de “Romanones” ninguneando con atropelladas normas, verbales o escritas, de segunda lo que por ley nos corresponde.
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